Proposición no de ley

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para exigir un fortalecimiento de los mecanismos de control de residuos peligrosos como consecuencia del incidente ocurrido en el Vertedero de Zaldívar, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.                                

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. El 6 de febrero de 2020, sobre las cuatro de la tarde, ocurrió un desgraciado incidente en el vertedero de Zaldívar, que ocasionó el sepultamiento de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Solozule, y una gran inquietud en el País Vasco por las peligrosas consecuencias que la contaminación en el aire, suelos y aguas podría acarrear para la población. 

El 14 de febrero de 2020 el consejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, el socialista Iñaki Arriola, recomendó no ventilar las viviendas, cerrar las ventas de noche y no hacer deporte al aire libre en las zonas de Zaldívar, Eibar y Ermua. Estas nuevas recomendaciones, que se agregan a las de no consumir productos de la huerta ni beber agua de pozos, y suspender el partido de la Liga de Fútbol que se disputaba el 16 de febrero a las cuatro de la tarde entre el Eibar y la Real Sociedad, pueden parecernos hoy, en plena pandemia del COVID-19, una mera nimiedad, pero hicieron cundir el pánico entre los ciudadanos de la zona, que se vieron indebidamente informados, nerviosos y asustados. 

Se extendió la sensación de alarma, sobre todo tras observar letreros que anunciaban la monitorización de la calidad del aire en el entorno del referido vertedero y las fumarolas de humo que emanaban de los residuos. También la información ofrecida en relación con el consumo de agua ha generado gran inquietud. 

La presencia de residuos peligrosos, desconocida incluso en la corporación municipal de Ermua, vecina de Zaldívar. El alcalde del citado municipio llegó a pronunciar que, según su conocimiento, Zaldívar “era un vertedero de residuos no peligrosos” y que nunca fueron informados de lo contrario. Aunque el vertedero perteneciera a Zaldívar, el barrio de San Lorenzo de Ermua fue la zona habitada más cercana al desprendimiento. 

II. La legislación vigente limita de forma importante los residuos y las cantidades admisibles en los vertederos, a la vez que establece medidas de protección y aislamiento. La instalación, propiedad de la empresa Verter Recycling 2002 S.L., obtuvo su autorización ambiental integrada para la actividad de vertedero de residuos no peligrosos de origen no industrial con fecha de 22 de enero de 2007, estando al frente de la Lehendakaritza, Juan José Ibarretxe. Pero el 4 de septiembre del 2013, ya bajo la presidencia de Iñigo Urkullu, hubo una segunda resolución que dio permiso a Verter Recycling para almacenar residuos con amianto.

Resulta ahora imprescindible conocer si había estudios de las barreras de seguridad naturales -geotécnico, geológico, riesgos, hidrogeológico e incluso climatológico-, así como si las barreras artificiales eran las adecuadas para ese tipo de terreno, para los vertidos previstos y cuál era su diseño. En definitiva, saber qué tipo de vertido recibía realmente, si era para el que estaba diseñado y si se aplicaron correctamente las normas y procedimientos de autorización y control. 

III. Es evidente, a la vista de lo acontecido, que han fallado estrepitosamente los instrumentos de control y seguimiento de la actividad del vertedero, competencia de la Comunidad Autónoma vasca, ya que, en la última inspección, de 10 de julio de 2019, tan sólo se detectaron anomalías en el lugar. Previamente se habían realizado inspecciones de seguimiento en 2013, 2014 y 2017 y, además, dos visitas enmarcadas en planes específicos de control en 2014 y 2016. Pero también es cierto que el Gobierno de España no ejerció la supervisión medioambiental que le corresponde.

El pasado 4 de noviembre de 2019 la Inspección Ambiental, dependiente del Gobierno vasco, entregó un informe al mismo reportándole las deficiencias existentes en el Vertedero de Zaldívar. En concreto, en el mismo se estudia, entre otras cuestiones, el Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada. De la evaluación y análisis se determinó que a la fecha de la inspección el grado de cumplimiento era BAJO, siendo esta la última y peor de las opciones posibles (pudiendo la inspección elegir también entre AltoMedio-AltoMedioMedio-Bajo). Se daba, por lo tanto, algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización, en uno o varios aspectos ambientales, existiendo un grado de cumplimiento GC > 40, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM “procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM”. Dentro de las materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección, en el informe se señalaron las siguientes: licencias y autorizaciones; protección agua; residuos; condiciones específicas de vertederos. 

Otro de los elementos estudiados por la Inspección Ambiental en dicho informe fue el de las Acciones a ejecutar. En el mismo se recogían las acciones ejecutadas por la autoridad competente, a fecha de finalización del plazo de alegaciones por el titular de la instalación; sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder en el caso de incumplimientos constatados en la inspección. Estas acciones tienen en cuenta la valoración de las alegaciones presentadas y las correcciones de las desviaciones ejecutadas y comunicadas por los representantes de la instalación. Entre las acciones a marcar en el informe (lo que quiere decir que dicha acción aplica a, al menos, un incumplimiento), se señalaron las siguientes: notificación de inspección a los representantes legales de actividad; requerimiento a la actividad, para que en un plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios; comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos; y propuesta de revisión de oficio de condiciones de la Autorización Ambiental Integrada. 

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Elena Moreno, admitió que conocían “cosas que no se hacían bien”, pero que jamás imaginaron que el desenlace pudiera ser catastrófico. Moreno añadió que el departamento “estaba a punto de iniciar un expediente sancionador” por registrar vertidos de materiales no autorizados y ocupar más espacio del permitido. 

IV. Una vez que se ha deslizado el terreno (problema geotécnico actual claro), los siguientes problemas a analizar y solucionar son consecuencia de la posible rotura o movimiento de la barrera artificial impermeable y, por consiguiente, resulta urgente determinar si los propios residuos como los lixiviados pueden estar contaminando los terrenos aguas abajo y probablemente los acuíferos. Con el agravante de que se podrían haber albergado otros altamente contaminantes para el suelo y subsuelo como, por ejemplo, algunos metales pesados. En cuanto a la contaminación del aire habría que conocer los niveles que se daban habitualmente -y se dieron los días posteriores al incidente- de gases compuestos de azufre, carbono, nitrógeno, metano entre otros o de amianto que, en inhalación, es altamente peligroso (y cancerígeno). 

El problema generado y los costes que acarreará son muy notables. La gestión de los temas de lixiviados, la retirada de residuos, la afección a aguas superficiales y subterráneas, la obra civil de sostenimiento… va a ser compleja y requerirá una gestión adecuada y responsable. 

V. Por ello, es necesario analizar ahora la eficacia de la coordinación interadministrativa y, especialmente, establecer los mecanismos de coordinación necesarios para hacer inmediatamente efectivo el rescate de los cuerpos de los operarios desaparecidos. Y todas las Administraciones deben comprometerse a mitigar la contaminación ambiental que está afectando a miles de personas en el País Vasco. 

VI. A la fecha de la presentación de esta proposición no de ley, a punto de alcanzarse los 100 días desde el desastre, Joaquín y Alberto continúan enterrados bajo los escombros de Zaldívar. 

VII. El pasado 6 de marzo el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley relativa a exigir responsabilidades en la gestión del trágico incidente del vertedero de Zaldívar, así como en la gestión del control de residuos, y a legislar para evitar sucesos de este tipo en el futuro, el objeto de la que hoy se presenta es, precisamente, completar la anterior ante el desarrollo de los acontecimientos y el conocimiento de nuevas informaciones. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

  1. Analizar, con la colaboración del Gobierno vasco, los acontecimientos en el vertedero de Zaldívar para afrontar las medidas técnicas y legislativas correctoras que sirvan para impedir en el futuro acontecimientos similares. 
  2. Regular a nivel nacional, respetando el marco competencial, un protocolo de señalización de residuos peligrosos en aquellos vertederos en los que se almacenen que resulte clara y permita conocer a las autoridades su composición y presencia en determinadas instalaciones. 
  3. Regular, respetando el marco competencial, un protocolo de comunicación a las Corporaciones Locales más próximas a los lugares donde se almacenen residuos peligrosos para que, en caso de accidentes, escapes, fugas, emisiones de gases, incendios… en dichas instalaciones, puedan alertar a las fuerzas de emergencias para que acudan convenientemente protegidos, y adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad de sus vecinos. 
  4. Poner a disposición del Gobierno vasco los medios necesarios para asegurar la calidad del aire, suelos y aguas de todas las zonas de la Comunidad Autónoma del País Vasco afectadas por el incidente. 
  5. Realizar los cambios legislativos procedentes que permitan, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hacer un seguimiento seguro de la gestión de los vertederos y del control de los residuos que en ellos se recogen. 
  6. Reforzar, garantizando el marco competencial, el marco legislativo que regula las actuaciones inspectoras para que, en el caso de descubrirse irregularidades de cualquier tipo en instalaciones almacenadoras de residuos peligrosos, las mismas sean solventadas con celeridad. 
  7. Desarrollar, garantizando el marco competencial, un plan de evaluación y seguimiento Estatal de todos y cada uno de los vertederos de España. 
  8. Impulsar los programas de economía circular, reciclaje y de valorización de residuos a fin de reducir el volumen de residuos que sea necesario depositar en vertedero. 
  9. Que interese de la Fiscal General del Estado a que se lleve a cabo la oportuna investigación, y si de la misma se hubiera evidenciado hechos de significación penal, proceda a su judicialización, formulando al efecto la correspondiente querella.